Tras un recorrido al área de operación, estudiantes de biología de Colón afirman que se trata de un foco de contaminación. El ambientalista Harry Mitchell sostiene que se trata de un tipo de reciclaje de buques a cielo abierto que no debe ser permitido por ninguna autoridad con sensibilidad ambiental.

Fuente: Panamá América

Un grupo de estudiantes de la facultad de Biología de la regional de Colón pidieron las autoridades, específicamente a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), actuar y cerrar el desguazadero de barcos que opera en Barrio Cristóbal, afectando aguas panameñas. Señalan que la actividad es foco de contaminación y pone en peligro de extinción a muchas especies marinas.

Esta semana el grupo de estudiantes de biología y el abogado Harry Mitchell hicieron una inspección al sitio para tomar nuevos datos de los daños causados por el desguazadero de barcos operado por la empresa JAM Marine Dockyard, S.A.Nelis Alba, una de las biólogas que participó del recorrido, señaló que el desguazadero de barcos esta acusado un mal impacto ambiental.

«Están contaminando las aguas y también puede hacer que la diversidad de especie de peces que hay en el lugar pueda ser afectada y hasta extinguirse», señaló.

Dijo que como estudiantes de biología han estudiado este problema y sostiene que solo con la pintura que sale de estos barcos abandonados se afectado todo e medio ambiente. «Pedimos a las autoridades que actúen rápido porque se puede agravar», dijo Alba.

Por su parte, el abogado ambientalista, Harry Mitchell, dijo que esta actividad es un ejemplo inadecuado de reciclaje de buques que no cumple con la normativa legal nacional e internacional.

«Como podemos ver es una actividad artesanal al aire libre. Hemos visto personal, presumimos que de la empresa entrando y saliendo del tanques rodeado de contaminación y desechos sólidos», dijo Mitchell durante el recorrido.

Agregó que es una actividad que a ninguna luz puede estar sometida a ningún tipo de permiso de autoridad pública que tenga un mínimo de sensibilidad a las normas jurídicas que rigen al país.

«Esta actividad debe ser erradicada para siempre», recalcó el ambientalista. El año pasado, Mi Ambiente ordenó una investigación identificada como providencia de inicio de investigación DRCL-I081-1910-2021, emitida por la Dirección Regional de Colón del Ministerio de Ambiente, tras la denuncia de la abogada Lineth Araúz.

La investigación constata que la empresa JAM Marine Dockyard, S.A., representada en ese entonces, por Alejandro Efraín Villarreal Montalván, realiza la actividad de desguace de barcos sin Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y en «completo desorden».

Pero a un año de ello, Mi Ambiente dice que sigue tramitando la denuncia sin haber paralizado la actividad y ni si quiera ha tomado muestras de agua para medir el grado de contaminación.»

Aunque Mi Ambiente autorizó una auditoría ambiental para la empresa, esto no ha incidido en lo más mínimo en el cumplimiento de medidas de protección ambiental», señalan los denunciantes.

La AMP por su parte, emitió una respuesta a la denuncia de la abogada Araúz. Nota ADM-1083-05-2022-OAL, donde asegura que «se llevó a cabo una inspección de campo» y no encontró contaminación. Agregó que Mi Ambiente aprobó un plan de auditoría a la empresa beneficiaria.

Sin embargo, la Nota DGPIMA No. 1548 – CON – 2021 de 16 de julio de 2021, emitida por la Directora General de la Dirección de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la AMP, Flor Pitty, que autorizó a JAM Marine a ocupar el espacio, no menciona un desguazadero de barcos.

Según los denunciantes, otra irregularidad visible de las operaciones de la empresa, es que la licencia de operación No.2622 con fecha del 4 de octubre de 2021, aportada por JAM Marine fue solicitada y obtenida, después de la denuncia presentada por la abogada Araúz.

Además, el documento no señala el área de Cristóbal para operaciones. Esta incongruencia también está consignada en el certificado de aprobación del Plan de Contingencia presentado por la empresa JAM Marine Dockyard, en donde la AMP autoriza a la empresa para trabajar en Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Tampoco menciona el área de Cristóbal ni ninguna zona en la provincia de Colón. Mitchell recordó que la acción de la AMP en este caso infringe lo establecido en el Decreto Ejecutivo No.123 de 14 de agosto de 2009, que establece que el reciclaje de desechos debe someterse previo al inicio de actividades, de un Estudio de Impacto Ambiental aprobado por Mi Ambiente.

«La norma no habla nada de auditorías como equivalente», advirtió. También mencionó que la AMP exige un estudio de impacto ambiental aprobado y la presencia de instalaciones seguras, entre muchos otros requerimientos que JAM Marine Dockyard no cumple.