Fuente: La Estrella de Panamá

Tras la derogación del Decreto Ejecutivo 141, que permitía la apropiación de áreas protegidas en el país, el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (Ciam) advirtió que las amenazas a estas áreas continua.

De acuerdo al Ciam, esto se debe a que con el Decreto Ejecutivo 143 de 2021 se anuncia que los certificados de acreditación de uso suelo que creaba el Decreto 141 serán ahora sometidos a consultas públicas, en cumplimiento de la Ley 8 de 2015 y el acuerdo de Escazú.

Los ambientalistas  invitaron a la sociedad civil a mantenerse alerta de la consulta pública que “pretendería volver a probar la acreditación de uso de suelo de áreas protegidas”.

Criticaron que la prioridad del gobierno debería ser invertir en la gestión de las áreas protegidas de modo que se garantice su conservación y uso sostenible para el beneficio en primera línea de las comunidades cercanas.

“Es necesario igualmente mantenernos vigilante frente al anuncio de la instalación de una mesa técnica para esclarecer los derechos sobre la tierra en el área de Donoso, hecho por el Ejecutivo, junto al anuncio de la derogación del Decreto 141″, expresó Ciam, en un comunicado.  

«Si bien ahora sí se contempla la participación de representantes de las comunidades, lo que es un cambio positivo, es menos claro que la instancia incluya la representación de las organizaciones de sociedad civil y el sector científico, la cual debe ser garantizada si se pretende cumplir los estándares del Acuerdo de Escazú de participación amplia e inclusiva y su principio de no regresión ambiental”, añadió. 

Los ambientales recordaron las principales críticas que tenían sobre el Decreto 141:

• Cedía competencias privativas de la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras.
• Transgredía la protección de las áreas protegidas como bienes de dominio público del Estado.
• Toleraba la tala ilegal como medio probatorio de posesión de la tierra, entre otras violaciones a disposiciones legales que no serán subsanadas solo con procesos de participación ciudadana.