Fuente: La Estrella de Panamá/Haydée Osorio Ugarte

En esta última entrega de la serie en la que hemos analizado el Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos titulado ‘No dejar a nadie atrás’, publicado en 2019 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), abordaremos los desafíos por los que atraviesa la región de América Latina y el Caribe (LAC) para proveer servicios de agua y saneamiento seguros, asequibles y sostenibles a todos sus habitantes.

El informe señala que “los gobiernos de países latinoamericanos y caribeños reconocieron hace tiempo la importancia del abastecimiento de agua y saneamiento como un factor vital para la preservación y mejora de la salud, pero millones de personas en la región aún no cuentan con una fuente adecuada de agua potable, mientras que otros más sufren la ausencia de instalaciones seguras y decentes para la eliminación de excretas.

Según la ONU, en 2015 el 65% de la población de la región contaba con acceso a servicios de agua potable considerados como seguros, no obstante, solo el 22% de esta población contaba con acceso a servicios de saneamiento seguros.

Lo anterior indica que en la región de LAC, existen 25 millones de personas sin acceso a un servicio básico de agua y 222 millones sin servicios de agua potable con acceso seguro; y que casi 89 millones de personas en la región carecen de un servicio básico de saneamiento y 495 millones carecen de servicios con acceso seguro.

Además de la carencia a servicios de agua y saneamiento seguro, el documento señala que existen diferencias importantes entre los países y también dentro de ellos, puesto que las brechas en la cobertura de agua y saneamiento entre las regiones administrativas de estos países fluctúan entre el 20% y el 30%.

Cuando la población carece de acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento tiene que adoptar soluciones alternativas como pozos individuales, conexiones ilegales a la red de agua, vendedores de agua, o sacar agua directamente de los ríos, lagos y otros cuerpos de agua.

En el caso de saneamiento, las poblaciones recurren a letrinas y defecación al aire libre, he allí el origen de una posible contaminación del agua que consumen, ya que, al no disponer de sitios adecuados y con tratamiento para las excretas, la recolección de agua para bebida se realiza en puntos cercanos a estos sitios y por ende el agua no es segura.

Un ejemplo de las desigualdades en el acceso y uso del agua potable en Panamá, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es la provincia de Darién, donde en promedio el 68.1% de las viviendas carece de acceso a estos servicios.

n las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Darién, Panamá y Veraguas, al igual que en la comarca Ngäbe Buglé, la proporción de niños menores de 12 años que carecen de acceso al agua potable y saneamiento fluctúa entre el 39% y 47% del 100% de la población sin acceso a estos servicios.

Desafíos para la región

Quienes carecen de servicios de agua y saneamiento en la región de LAC se encuentran concentrados en zonas periurbanas, principalmente en los cinturones de pobreza que existen en la periferia de muchas de las ciudades de la región; al estar ubicados en estos sectores recibir calidad del servicio e incluso conexiones al mismo resulta difícil por los altos niveles de pobreza y la baja capacidad de pago que poseen sus pobladores, situación que agrava que los gobiernos incluyan están áreas en su planificación urbana

Otro de los desafíos que tienen los servicios de agua y saneamiento en la región es que las soluciones técnicas utilizadas en áreas rurales, como los pozos, fosas sépticas y letrinas, no garantizan un nivel de calidad o funcionalidad del servicio que sea comparable con los disponibles en las ciudades a través de las conexiones domiciliarias, lo que genere un desafío en el mantenimiento de estos

La influencia política es también un desafío para el acceso a servicios de agua y saneamiento seguros en LAC, puesto que las comunidades rurales tienden a tener menos influencia política y visibilidad que las poblaciones urbanas y, esto incrementa que los fondos de descentralización no sean utilizados en estas comunidades

En muchos países, la descentralización ha dejado al sector con una estructura sumamente fragmentada, integrada por numerosos proveedores de servicios, sin posibilidades reales de lograr economías de escala o viabilidad económica, y bajo la responsabilidad de los municipios que carecen de los recursos e incentivos necesarios para lidiar de manera efectiva con la complejidad de los procesos involucrados en la prestación de servicios.

En otros, como Panamá, la descentralización (2014) ha creado oportunidades para aumentar el tamaño de las áreas de servicio apoyando a grupos de bajos dentro de los corregimientos. El desafío de esta nueva realidad es que los municipios descentralizados deben crear juntas municipales de planificación urbana, para que las decisiones que se tomen en cuanto a las inversiones en agua y saneamiento estén basadas en las necesidades de las comunidades y no en soluciones políticas.

Soluciones

Las soluciones planteadas en el informe que llevan a cumplir los derechos humanos al agua y al saneamiento para que “nadie se quede atrás” se basan en tres aspectos: provisión eficiente de los servicios, gestión de los servicios y apoyo estatal bien organizado, es decir con una buena gobernanza.

La provisión eficiente de servicios es esencial para satisfacer los derechos humanos al agua y al saneamiento, puesto que, cada vez que se reduce el costo de la prestación del servicio, se genera una mayor asequibilidad y mayores oportunidades de su uso.

“En cambio, el aumento de los costos debido a la ineficiencia de los proveedores de servicios, ya sean públicos o privados, viola los derechos humanos al agua y el saneamiento”. La eficiencia y la equidad no se excluyen mutuamente, sino que son complementarias.

En cuanto a la gestión de los servicios, cuando los gobiernos se apoyan en una regulación adecuada a los proveedores de servicios privados y municipales o estatales, con base en las nociones de tasa de rendimiento justa y razonable, buena fe, diligencia debida, deber de eficiencia y transferencia de beneficios por eficiencia a los consumidores, los usuarios del sistema de agua y saneamiento pagan adecuadamente, porque tienen tarifas cónsonas con las realidades de cada sector de la población.

Al contar con una provisión eficiente de los servicios enmarcada en una adecuada gestión de estos, los gobiernos son capaces de ejercer una buena gobernanza, dado que planifican el financiamiento de inversiones en abastecimiento de agua y saneamiento, con el objetivo de ampliar la cobertura a los grupos de bajos ingresos basándose en políticas públicas con presupuestos adecuados.

Cuando los desafíos de LAC sean alineados con los derechos humanos al agua y al saneamiento, las soluciones que se tomen serán integrales porque considerarán a las poblaciones urbanas, rurales y periurbanas dentro de las políticas públicas, creando la planificación urbana que necesita cada país en la región.

Al crear los programas y proyectos basados en los derechos humanos al agua y al saneamiento seguro No dejaremos a nadie atrás.

La autora es investigadora científica en recursos hídricos e ingeniera civil. También es doctora en ingeniería agrícola con mención en recursos hídricos en la agricultura (Chile).