Agencias EFE/Efe.verde

La magistrada Rosa Weber dejó sin efectos la decisión que tomó a finales de septiembre pasado el Consejo Nacional de Medio Ambiente de Brasil, que depende del ministerio de esa área, hasta que el pleno del alto tribunal analice el caso.

En ese consejo participan además otros miembros del Gobierno, así como representantes de gobernaciones, alcaldías y empresarios.

El ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, fuertemente criticado por organizaciones de la sociedad civil por su falta de compromiso con la defensa de la naturaleza, fue el promotor de esos cambios, que, en la práctica, abrían la puerta a la explotación y especulación inmobiliaria en esos dos ecosistemas.

Enredo judicial

Una jueza de primera instancia de Río de Janeiro tumbó la medida al día siguiente, pero la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, recurrió a una corte de apelaciones que le dio la razón y volvió a dar validez a la decisión.

Fue entonces cuando algunos partidos de la oposición accionaron al Supremo, el máximo tribunal del país, que finalmente falló en contra del Ejecutivo y restableció las normas anteriores que daban ese estatus de protección a los manglares y dunas.

Por tanto, hasta que los once jueces del Supremo decidan sobre el asunto seguirá estando prohibido el desarrollo de actividades económicas dentro de estas zonas de gran valor ecológico.

Weber alegó en su auto que la decisión impulsada por el Gobierno de Bolsonaro es contraria “al orden constitucional de protección del patrimonio ambiental”.

“Lo que no se puede es proteger de forma insuficiente o evadirse completamente del deber de protección”, completó.

La política ambiental de la Administración Bolsonaro viene siendo motivo de críticas por parte de oenegés y algunos gobiernos europeos, que acusan al presidente y al ministro Salles de fomentar la destrucción de los ecosistemas brasileños con discursos “antiecologistas”.

También les acusan de “desmontar” las instituciones estatales de fiscalización medioambiental para favorecer los intereses del sector agropecuario.

En abril pasado, durante una reunión ministerial, hecha pública por la Corte Suprema, Salles sugirió que el Gobierno flexibilizara algunas normas relacionadas con su área, aprovechando que la prensa estaba centrada en la pandemia del nuevo coronavirus.

Desde que Bolsonaro asumió el poder en 2019, los índices de deforestación y los incendios se han disparado en la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta, y el Pantanal, el humedal más grande del mundo que Brasil comparte con Bolivia y Paraguay.

Esa catástrofe medioambiental, que se ha repetido este año a pesar de la crisis sanitaria por la covid-19, amenaza la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Asimismo, ha provocado la reacción de millonarios fondos internacionales y grandes empresas privadas que han advertido al Gobierno de un descenso dramático en las inversiones al país, si no hay compromiso real de protección del medioambiente.