Fuente: La Prensa

La negociación entre el Estado panameño y Minera Panamá para lograr un nuevo acuerdo que legalice la extracción en el proyecto Cobre Panamá inició ayer sin una fecha limite para lograr un acuerdo.

Así lo informó el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, quien lidera el equipo panameño y pretende establecer mejores condiciones económicas para el país.

Al final del primer día de negociación, el funcionario comentó que las reuniones entre los equipos serán diarias, y adelantó que el tema ambiental será el primero que se abordará desde este jueves 2 de septiembre.

“Vamos a negociar un nuevo contrato, no es una renegociación. La estrategia del Gobierno está destinada a elevar sustancialmente los ingresos de este rubro de explotación”, aseguró.

Es precisamente en el porcentaje de las regalías que recibe el Estado donde radica el mayor descontento de los sectores económicos, ya que de las ventas brutas que realiza la empresa, solo el 2% va a las arcas estatales.

Desde el tercer trimestre de 2019 hasta los tres primeros meses de este año, Cobre Panamá ha generado ventas por $2 mil 235 millones. De este total, Panamá ha recibido poco más de $35 millones en concepto de regalías por el 2% de la venta de cobre, oro y plata.

Además de buscar un mayor retorno económico para el país derivado de las ventas de estas materias primas, Martínez dijo que en el aspecto económico también negociarán una serie de exoneraciones que se incluyeron en el contrato de 1997.

La minera, sus filiales y el contratista están exentos de pagar impuesto de introducción e importación de equipos, combustibles, materiales y maquinarias que se utilicen en el proyecto.

También son beneficiados con la exoneración del impuesto sobre la renta aplicable a remesas o transferencias al extranjero que se hagan para pagar asesorías, comisiones, préstamos o regalías fuera del territorio nacional, de acuerdo con el contrato entre Minera Panamá y el Estado.

La empresa tiene derecho a excluir como gastos de operación aquellos que sean deducibles según las leyes vigentes que regulan el impuesto sobre la renta.

“La empresa va a querer mantener las condiciones actuales aduciendo la seguridad jurídica, pero lo cierto es que vamos a sustentar técnicamente por qué queremos estos cambios ambientales, sociales, económicos, y laborales”, afirmó Martínez.

En respuesta, Manuel Aizpurúa, vocero y miembro del equipo negociador de Minera Panamá, filial de la canadiense Firts Quantum, indicó que la empresa cuenta con que en la negociación se respete la inversión privada y la seguridad jurídica.

“Esperamos una negociación en la que se respeten de igual manera los mejores intereses del Estado y nuestros derechos adquiridos como empresa, buscando los mejores resultados para Panamá”, señaló.

Rechazo

Susana Serracín, presidenta de Alianza por la Conservación y el Desarrollo, indicó que es ilegal que el Estado se siente a negociar con Minera Panamá, cuando todavía no se publica el fallo de octubre de 2018 donde la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997 que ampara el contrato que permitió la minería a cielo abierto en las montañas de Donoso, provincia de Colón.

Serracín, quien introdujo el recurso de inconstitucionalidad contra el contrato de 1997, comentó que ya presentaron nuevos recursos legales en la CSJ contra la mesa de negociación; contra el presidente Laurentino Cortizo, ante la Asamblea Nacional y en otras esferas contra el titular del MICI.

“No podemos estar de acuerdo con el inicio de negociaciones cuando no se ha respetado el debido proceso con el contrato de 1997”, explicó.

El ministro Martínez expresó que si al final del proceso de negociación no se logran las mejores condiciones para el Estado, entonces será necesario buscar a una empresa, pero dijo que la actitud que observó durante el primer día de negociación por parte de la empresa fue positiva y abierta al establecimiento de un nuevo contrato.

La Cámara Minera de Panamá también calificó como positivo el inició de conversaciones y solicitó que el resultado del proceso permita que el Estado genere más riqueza con la explotación de sus recursos mineros, pero sin afectar la inversión privada.

Para el gremio, el comienzo de las negociaciones “pone fin a un periodo de inseguridad, generado tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia”.

El ministro del MICI agregó que el Gobierno valora la inversión extranjera, pero considera que la misma debe ser justa con el retorno de los beneficios para el país.

“Lo que buscamos son las mismas condiciones que estas empresas tienen en países como Canadá y Australia”, exclamó Martínez.