Fuente: Prensa

La expansión de la frontera agropecuaria para la agricultura y ganadería, sin planificación, no solo viene degradando miles de hectáreas de bosques por año en el país; también representa un riesgo para las comunidades.

Datos del censo agropecuario realizado por la Contraloría General de la República dan cuenta que en 1960 había 95,505 explotaciones agropecuarias, que ocupaban una superficie total de 1,806,452 hectáreas. No obstante, para 2010, las explotaciones agropecuarias eran 248,560 con una superficie total de 2,698,841 hectáreas, lo que representa el 35% del territorio nacional.

¿Qué sucedió en los últimos 10 años? Si bien en la actualidad ese escenario no ha variado mucho, información del Ministerio de Ambiente precisa que la recuperación de tierras desprovistas de vegetación ha aumentado y, durante los últimos 5 años, los rastrojos se han convertido en nuevos bosques secundarios en las diferentes regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el mapa de Cobertura Boscosa y Uso de la Tierra 2021, los rastrojos constituyen un 6.46% del país, lo que representa 4,783 kilómetros cuadrados.

Los efectos

Las consecuencias de esta expansión agropecuaria tiene mayor impacto en provincias como Chiriquí y Darién. Por ejemplo, en Chiriquí hay zonas como Tierras Altas, el corazón agrícola del país, donde se han perdido miles de hectáreas de bosques, para dar paso a la siembra de diversos productos.

En puntos específicos como Cerro Punta se perdieron 40 hectáreas de bosques entre 2012 y 2019. Incluso, dichas hectáreas formaban parte del Parque Internacional La Amistad.

También en el Parque Nacional Volcán Barú, la pérdida de bosques para el período 2012-2019 fue de 702.26 hectáreas, lo que refleja una pérdida anual de 100.32 hectáreas, siendo el corregimiento de Cerro Punta el que más pérdida evidencia, con 49.10 hectáreas, seguido de Boquete y Volcán cabecera, con superficies afectadas de 2.6 hectáreas y 0.23 hectáreas, respectivamente.

Augusto Jiménez, expresidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas, reconoce que es necesario una mejor planificación y ordenamiento de la actividad agropecuaria en este distrito.

Jiménez fue uno de los damnificados durante los desastres ocasionados por los huracanes “Eta” e “Iota” en el año 2020. “Hubo muchos deslizamientos y eso está directamente relacionado con la pérdida de cobertura boscosa”, puntualizó.

Esta es una situación de la que también están al tanto autoridades locales de Tierras Altas como su alcalde, Javier Pittí. De hecho, como parte del proceso de elaboración de un plan de ordenamiento territorial para ese distrito, Pittí dijo lo siguiente: “Hay construcciones de forma desordenada, pero con este plan de ordenamiento deben hacerse nuevos desarrollos tomando en cuenta estudios hídricos. Además, toda la zona productiva de Tierras Altas es zona de riesgo. Lo valioso es que se podrá definir con mayor precisión cuáles son nuestras zonas propensas a desastres”.

En Darién también, entre 2012 y 2019, se perdieron 20 mil 800 hectáreas de valioso bosque, para dar paso a proyectos agrícolas y también debido a la deforestación ilegal.

Asociado a la expansión de la frontera agrícola también está el perjuicio a los sistemas de manglar por el desarrollo de infraestructuras para el cultivo de camarones, la ganadería y el turismo.

Datos del Ministerio de Ambiente precisan que entre 2010 y 2020 se han perdido 9,017 hectáreas de manglares. La superficie de manglar está estimada en 165,418 hectáreas.

La estrategia

El Ministerio de Ambiente detalló que entre 2012 y 2021, Panamá logró recuperar un 3% de la cobertura boscosa. Para alcanzar estas metas, el ministerio detalló que ha procurado realizar acciones en dos frentes: la prevención del delito ambiental (deforestación) y la puesta en marcha del Plan Nacional de Restauración Forestal.

Dicho plan es una iniciativa que tiene como objetivo reforestar en los próximos 5 años al menos 50 mil hectáreas, con una visión clara en los temas de restauración, protección y conservación de cuencas prioritarias y productoras de agua a nivel nacional.

A esto hay que agregar que en el 2020, el Ministerio de Ambiente emitió resoluciones que suspendieron provisionalmente el otorgamiento de permisos especiales de aprovechamiento forestal con carácter de subsistencia y sus modalidades, así como permisos comunitarios y concesiones en bosques tropicales por un término no mayor de un año.

La semana pasada, la institución ambiental publicó en Gaceta Oficial una resolución que extendió esa medida por un año más.