Fuente: La Estrella de Panamá

A casi un año de haber sido sancionada por el Órgano Ejecutivo, la Ley 276 de 30 de diciembre de 2021, que regula la gestión integral de los residuos sólidos en la República de Panamá, se ha convertido en letra muerta.

A pesar de la existencia de esta ley que establece normas sobre la disposición, recolección, reciclado y asignación de incentivos fiscales para promover la reutilización de los desechos; la misma aún no es implementada por las autoridades, a pesar de la queja diaria de la población por la gran acumulación de basura acumulada en puntos céntricos de la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito.

Según datos de la Cámara de Reciclaje de Panamá, cada panameño genera alrededor de 1.2 kilogramos de residuos sólidos al día, mientras que en el país se producen 4,800 toneladas diarias de desechos. De este total solo se recoge el 58% de la basura generada en los hogares, pero el resto, tiene como destino vertederos no formales, así como las aguas de los ríos y del mar.

El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Crispiano Adames, quien propuso esta normativa indicó que el Legislativo aprobó esta excerta legal que confiere el uso racional de todos los mecanismos para, de una vez por todas, establecer una política pública en el tema de la recolección, disposición y tratamiento de la basura. «Ya es una ley reglamentada y que las autoridades deben implementar», precisó.

En tanto, Susana Serracín, presidenta de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), cuestionó el plan interinstitucional anunciado por el Gobierno principalmente para este mes de diciembre, el cual asegura, no conlleva a una gestión óptima del problema.

«Le están poniendo una curita al problema cuando sabemos que la situación es mucho más compleja y requiere de una visión más integrada para poder resolverlo. Obviamente en diciembre habrá un volumen más alto de desechos en las calles, pero no estamos llegando a fondo con la solución del problema», indicó.

Para Serracín, la ley tiene que implementarse y debe hacerse un trabajo interinstitucional porque este es un tema que involucra a los gobiernos locales, a entidades a cargo de la recolección, pero también es un tema ambiental, de salud, y de educación.

«Con base a ello se requiere de una visión amplia e integrada para tener un resultado eficiente. Por ahora la ley es letra muerta y es muy lamentable que así sea», indicó.

Por su parte, el diputado Edison Broce, quien ha formado parte de la Comisión de Ambiente de la Asamblea, manifestó que evidentemente la situación con los residuos es caótica.

“No ha habido voluntad de ninguno de los actores clave para resolverla. La basura del distrito de Panamá debería estar en manos del Municipio de Panamá. Presenté un anteproyecto de ley para devolver la competencia al municipio y ni siquiera lo han prohijado”, señaló.

Qué dice la ley

La Ley 276 define las competencias del Ministerio de Salud (Minsa) para el manejo de los desechos peligroso y no peligrosos y las competencias para la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), con relación a los desechos no peligrosos.

En tal sentido, señala la ley que la AAUD, el Minsa y los municipios asumirán las funciones propias de la competencia de gestión, incluyendo la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos de origen doméstico (peligrosos, no peligrosos y especiales), así como aquellas funciones de gestión de los residuos de origen comercial, industrial o institucional, si la normativa de desarrollo específica así lo determina.

También define las competencias de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), para el manejo de los residuos de este sector.

De igual manera, obliga a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas o a los generadores de residuos, de la respectiva jurisdicción municipal, a entregar a los recolectores municipales los residuos de forma separada, para garantizar su adecuado aprovechamiento.

Mientras que la AAUD en coordinación con el Minsa, será la encargada de elaborar, divulgar y adoptar el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial.

Este plan será el marco de acción obligatorio que oriente las políticas gubernamentales para minimizar la gestión de residuos no peligrosos y de manejo especial y maximizar su aprovechamiento en Panamá.

La ley también ofrece beneficios o incentivos fiscales a las personas naturales y jurídicas dedicadas al aprovechamiento de residuos.

Con esta norma la tasa anual del impuesto sobre la renta será del 15 % y tendrán la exención del pago del impuesto de transferencia de bienes-corporales muebles y la prestación de servicios sobre las transacciones de compraventa de los residuos valorizados; entre otros beneficios.