Fuente: La Estrella de Panamá/Columnista Roberto A. Pinnock Rodríguez

En MiAmbiente, por mucho tiempo, ha sido recurrente una serie de objeciones que ha venido haciendo esta institución al evaluar los estudios de impacto ambiental de una variedad de ideas de proyectos presentados para su aprobación. Estas “llaman al fastidio”, según me dice un amigo consultor, porque solicitan aplicar criterios y medidas no contempladas en la normativa ambiental, con lo cual ponen cortapisas innecesarias a obras de inversión, de las que está necesitada la reactivación económica.

No se trata aquí de que toda obra debe ser aceptada “per se” en su fase de elaboración de sus estudios. Se trata de filtrarlas con argumentos científicos, dentro de la jurisprudencia existente y no con base en intuiciones o discrecionalidades del personal a cargo de las evaluaciones. Definitivamente, las hay que sí merecen seguir su curso y también, las que son un fiasco como propuesta para el bienestar del país, pero, al no emplear criterios científicos, las probabilidades de vulnerar el curso de los proyectos que aportan a la empleomanía y la dinamización económica sin perjudicar el medio geobiofísico, se elevan sustancialmente.

Pudiera ser que las constantes renovaciones del personal técnico administrativo de MiAmbiente se estarían convirtiendo en una especie de barrera al curso normal del proceso de las inversiones -me continúan indicando mis colegas consultores ambientales-, toda vez que objetan EsIA con los más inapropiados y nada objetivos argumentos en los que se fundamentan.

Por ejemplo, en lo que a la disciplina científica social se refiere, últimamente, vienen exigiendo aplicar entrevistas a autoridades locales en estudios de categoría I -referido a los proyectos que no presentan impactos significativos-, cuando esto no es exigido por ningún artículo del decreto vigente que regula este tipo de estudios. En realidad, me dice un jurista, esto raya en extralimitación de funciones, cuando menos, al incurrir en pedir lo que la ley no establece solicitar. No sé si es lo jurídicamente correcto, pero lo cierto es que no hay base científica en lo exigido.

Algo más sensitivo que al plantearlo tiende a burlar la aplicación de la ciencia social, viene a ser la objeción que se formula en lo que se refiere a la representatividad de las muestras poblacionales de las encuestas de participación ciudadana. Si alguien llega a MiAmbiente con un paquete de entrevistas aplicadas en un medio social -comunidad o conjunto de estas- ocurre que, de acuerdo con la discrecionalidad cuantitativa del funcionario de turno, no le parece “representativa” y esa es su única argumentación para objetar el proceso de participación social incurrido por los consultores de la obra que se trate. No hay argumento legal alguno -porque no existe en el decreto respectivo vigente-, solo la discreción del funcionario o funcionaria.

Tampoco, hay una fundamentación científica, porque no se alude a qué es una muestra científicamente representativa y qué es lo que no se cumple para los distintos tipos de medios poblacionales, desde la perspectiva cuantitativa o cualitativa. Solo hay juicios “a priori”, por tanto, anticientíficos en las objeciones y hasta en los rechazos de los estudios presentados.

Lo típico aquí es que el funcionario o funcionaria que objeta no tiene ni conocimientos sobre la metodología y diseños del muestreo científico.

Desde mi punto de vista, en realidad, este personal que objeta esta dimensión socioambiental de los estudios no tiene por qué saberlo, porque no es su experticia. Es aquí donde aparecen los fantasmas que están detrás de estos acontecimientos enunciados antes, entre estos: la debilidad institucional de MiAmbiente, al no contar con recursos para equiparse de tal calidad de personal. Así, se deja en manos de quienes tienen la mejor voluntad de ser positivamente incisivos, pero con nula experticia de lo que aquí se trata, porque no se asignan recursos para contar con los recursos humanos idóneos en disciplinas científica sociales.

Esto, además, revela la lógica fantasmagórica que alimenta esa debilidad, de la que su personal técnico operativo es igualmente víctima. Se le puede permitir poner todas las objeciones posibles a los estudios de obras de poco y mediano capital; lo que tienen vedado es hacer eso mismo con las obras del gran capital, sean de extracción minero-metálica u otras grandes obras que favorecen al capital transnacional.

Se trata del mismo fantasma que hace vulnerable la institucionalidad… la pone a merced de los intereses más poderosos, aun a costa de la ciencia y del desarrollo socioeconómico.

Sociólogo especialista en gestión ambiental.