Fuente: La Prensa/Por: Mary Triny Zea

Dos arqueólogos avalados por el Ministerio de Cultura (MiCultura) para ejecutar el plan de mitigación y rescate arqueológico en el área de operaciones de Minera Panamá advirtieron de posibles irregularidades en la protección de bienes culturales. Las advertencias fueron hechas formalmente mediante, al menos, seis cartas enviadas al ente regente, MiCultura, y al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). A la fecha, ninguno de los dos ha respondido a dichas observaciones y, según los arqueólogos, no se ha realizado una auditoría del cumplimiento del plan de mitigación.

Ello motivó que la ONG Asociación de Derecho Ambiental (Ada) presentara una querella criminal contra el representante de la minera, Philip Pascall, los ministros de Comercio e Industrias y Cultura, Ramón E. Martínez y Carlos Aguilar, por posibles daños al patrimonio histórico y la presunta ocupación ilegal de tierras fuera de los límites de la concesión, de 13 mil 600 hectáreas.

La ONG también presentó denuncia contra el presidente, Laurentino Cortizo. Cuestiona al Ejecutivo por llevar adelante la negociación de un nuevo contrato. Según la denuncia, Cortizo se extralimitaría y cometería delito contra el ambiente y el patrimonio histórico, y desacato, por incumplir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –que declaró inconstitucional el Contrato-Ley 9 de 1997 entre el Estado y Minera Petaquilla, S.A. (hoy Minera Panamá)– al negociar con la subsidiaria local de First Quantum Minerals, Ltd., cuando lo que procede es el cierre de la operación minera, según los denunciantes.

Fuera de la concesión

“Se han tomado más de 4,000 hectáreas del Corredor Mesoamericano, y que no se encuentran en el área de la concesión que le otorgó el Estado panameño, donde, precisamente, se encuentra la enorme tina altamente contaminante”, indican los representantes de la ONG, Donaldo Sousa y Susana Serracín. La deforestación en esa área ha ocasionado un “daño ambiental incalculable”, añaden los querellantes. [ Clic para ampliar ]

Imagen del proyecto que expone la tina de relaves fuera de los límites de la concesión, el motivo de la querella. (Lo subrayado en azul y rojo es nuestro). Tomado de su estudio ambiental.

Los ambientalistas mencionan que la resolución de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) ADMG 26-2012, de 18 de octubre de 2012, negó la pretensión de la minera de ocupar 7 mil 543 hectáreas en Coclé del Norte, por lo que la empresa “se tomó las tierras del Estado a la fuerza”, alega la querella, acompañada de un mapa que describe los límites de la concesión, y en la que destacan que la aludida instalación está fuera del polígono de la concesión.

En el documento de la Anati, la empresa expone que algunos sectores que pedía en arrendamiento se encuentran ocupados por personas sin títulos de propiedad, y alegaba la seguridad jurídica de su contrato ley para pedir los terrenos. Pero la Anati se inhibió de decidir sobre la controversia por tratarse de un asunto de “interpretación” del contrato, e instó a la minera a acudir a un tribunal de arbitraje.

La Anati expuso que es “inadmisible” que un ente privado defina los límites y alcances de sus pretendidos derechos, y que “el interés superior a un ambiente sano debe prevalecer ante el interés individual de la empresa”. Añadió que, si bien el contrato menciona que la empresa puede ocupar tierras para el proyecto, la excepción es la vulneración de derechos adquiridos de terceros, incluidos, los derechos o solicitudes de concesión minera de otras empresas.

La Prensa consultó a la mina: ¿Por qué se planificó la tina de relave fuera de los límites de la concesión? ¿Qué autoridad avaló la ocupación de esos terrenos? No respondió. Alegó “apego al proceso legal”.

Contrario al fallo de la CSJ, la minera alega que su contrato “se mantiene vigente en todas sus partes” y que “faculta a la empresa concesionaria a adquirir, arrendar o usufructuar aquellas tierras del Estado, dentro o fuera del área de concesión”. La tina de relave –en el otrora bosque protegido de Donoso– ocupa 2 mil 600 hectáreas, y es el “área perturbada de mayor tamaño” entre todas las instalaciones, indica su propio Estudio de Impacto Ambiental.

Patrimonio vulnerable

Sobre posibles daños al patrimonio, cartas de los arqueólogos Álvaro Brizuela y Carlos Fitzgerald –encargados durante más de diez años del plan de mitigación y de rescate arqueológico en la concesión minera, aprobado por el otrora Instituto Nacional de Cultura en abril de 2012– advirtieron de irregularidades en la protección de bienes culturales. Estas son, precisamente, el fundamento de la querella por presuntos daños al patrimonio.

Las misivas se entregaron a la directora nacional de Patrimonio Histórico del MiCultura, Linette Montenegro; a Carlos Aguilar, ministro de Cultura, y al titular del MiAmbiente, Milciades Concepción, pero nunca fueron respondidas, reveló Fitzgerald a La Prensa.

“Ellos [la minera] no quieren cumplir. Hay toda una voluntad para incumplir los compromisos”, afirmó el arqueólogo. “Están destruyendo, y ni siquiera cumplen con la mitigación ecológica y arqueológica”, dijo Fitzgerald.

Añadió que hay un patrón de conducta de la mina, dirigido a “restringir” el cumplimiento [del rescate arqueológico]; para que este fuera mínimo y así “tener mayor ganancia y rapidez”.

“Numerosos escritos y denuncias recibidas por Patrimonio Histórico y MiAmbiente demuestran que Minera Panamá ha incumplido en muchas ocasiones con la protección de los sitios arqueológicos establecidos por los arqueólogos panameños y por ello deciden desconocerlos y deshacerse de los mismos, y contratar arqueólogos mexicanos, no registrados en Patrimonio Histórico… que responden a la empresa, desconociendo la Resolución de Patrimonio Histórico No. 245-13/DNPH, del 19 de noviembre de 2013”, alega la querella.

“Las pruebas que presentamos demuestran cómo Minera Panamá pretendía que el trabajo de los arqueólogos oficiales fuera primero enviado a ella antes que a Patrimonio Histórico, conforme a la Resolución y las normas jurídicas al respecto”, añade la denuncia.

No existe control de la Dirección de Patrimonio Histórico en la zona del proyecto, y las autoridades, aunque informadas al respecto, no actuaron, incumpliendo sus deberes como servidores públicos, sostiene la denuncia.

La Prensa obtuvo copia de seis de las cartas de Fitzgerald y Brizuela, consultores de Anthropo Studio, Inc., enviadas en mayo, junio, septiembre y octubre de 2019, y en febrero de 2020, a MiCultura y a MiAmbiente. En ellas se advierte que ocurrió una alteración o posible destrucción patrimonial en la zona identificada como “CF09”, cuando equipo pesado ingresó al área conocida como “frente 02”. Se removió la cinta de precaución y el equipo removió tierra a escasos 9 metros de donde se hizo un rescate arqueológico.

En la nota de junio de 2019, los arqueólogos expusieron que el superintendente ambiental de la mina, Alejandro Chambi, retrasó pruebas de ADN y carbono 14 y que se postergó la publicación científica de los hallazgos.

En esas cartas, los especialistas se quejaron de que se les dificultó su tarea de hacer verificaciones arqueológicas, pues no se les entregó información precisa. Por ejemplo, dijeron no tener el contorno exacto del área a inundar en la tina de relave. Además, que la empresa ignoró la Ley 58 de 2003 sobre destrucción de bienes patrimoniales.

Otra irregularidad, según los arqueólogos, fue la contratación de personal sin autorización del MiCultura, lo que podría constituir delito de excavación ilícita (huaquería), y que se incumplió la Resolución No. 245-13 de 2013, que avala a los profesionales [Fitzgerald y Brizuela] para efectuar el trabajo, toda vez que la Ley 14 de 1982 indica que la investigación arqueológica requiere de autorización de Patrimonio Histórico de MiCultura para poder modificar el plan de mitigación y rescate arqueológico.

Durante el rescate se reportaron más de 700 sitios con restos arqueológicos. “Obtuvimos información de cosas interesantes, pero ¿a qué costo? Al que hemos devastado miles de hectáreas de forma irreversible. Estoy generando conocimiento, pero ¿qué precio hay que pagar por eso? Es un entorno muy frágil y está siendo afectado muy fuertemente. No tengo muchos calificativos para explicar lo que uno percibe. Yo estuve caminando en la selva y parte de lo que encontré en 2009 es ahora un enorme hueco”, describió Fitzgerald.

Lea aquí los informes de las investigaciones

Minera: todo por lo legal

Ante estos señalamientos, Minera Panamá indicó que presentará los elementos pertinentes en la etapa procesal correspondiente, y que el rescate patrimonial durante la construcción y operación de la mina, así como su divulgación, forman parte de sus compromisos con el Estado y que siempre contaron con profesionales autorizados para hacer esta labor.

La minera no explicó sus razones para pedir los informes a los especialistas antes de ser enviados a la autoridad competente ni por qué decidió prescindir de ellos y contrató personal a la par de Brizuela y Fitzgerald, autorizados por la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico.

¿Cómo se puede ser independiente siendo empleado de la mina?, preguntó La Prensa. La empresa respondió que estas labores “se encuentran estrictamente apegadas a los métodos y técnicas propuestas” en el Plan de Manejo Arqueológico aprobado en la Resolución 236-19, del 2 de diciembre de 2019, de Patrimonio Histórico.

Esta “contiene compromisos puntuales que garantizan la total independencia de parte del equipo de arqueología, así como la obligatoriedad de informar siempre a la DNPC sobre casos puntuales de hallazgos y cualquier incidente con los mismos”, dijo Minera Panamá.

Lea aquí las respuestas íntegras de Minera Panamá

utoridades, mudas

La Prensa consultó a MiAmbiente respecto a las denuncias desde el 30 de julio pasado. No hubo respuesta, pese a que lo prometieron. Mientras tanto, MiCultura indicó que, desde el 31 de mayo de 2019, la minera le notificó a Patrimonio Histórico que, “por políticas internas, se procedería a contratar directamente a los arqueólogos idóneos como parte de una división de arqueología que establecería el proyecto para llevar de manera más eficaz las medidas de mitigación”.

MiCultura dijo que el conflicto entre la mina y Anthropo Studio Inc. es “eminentemente contractual… por lo que no es de nuestra competencia atender situaciones sobrevinientes por la rescisión de un contrato privado”.

La Prensa preguntó cómo se asegura la independencia de arqueólogos que son subordinados laboralmente a la minera y qué acciones tomó el MiCultura para preservar el patrimonio de la Nación respecto a las advertencias de los arqueólogos Fitzgerald y Brizuela de un posible daño al patrimonio. No hubo respuesta.

Según Fitzgerald, la minera prescindió de sus servicios el 7 de diciembre de 2019 y aunque en diciembre lograron los permisos, los arqueólogos de la minera “estaban desde septiembre sin autorización”, aseguró.

El texto de la querella incluyó los más de 200 incumplimientos ambientales –entre 2012 y 2019– que reportan más de una decena de informes de MiAmbiente, y citan una investigación de La Prensa que reveló un derrame en instalaciones de la mina en julio pasado.