Fuente: La Estrella de Panamá

Representantes del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería han categorizado como “inconstitucional” el nuevo contrato con Minera Panamá, alegando que la comisión nombrada por el Ejecutivo para negociar dicho contrato no fue constituida legalmente. Además, solicitan a los diputados en  escrutar el contrato, que llegará al Legislativo para su aprobación o rechazo.

En el documento explican que la negociación fue “irregular” y que los avances obtenidos son “minúsculos” en materia ambiental y laboral. Afirman que el gobierno no está a tomando en cuenta el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual declaró el anterior contrato con Minera Panamá como inconstitucional. El Órgano Ejecutivo “ha demostrado una vez más que esta industria siempre operará al margen de nuestra Constitución y la ley, así como de los derechos fundamentales que esta consagra”, declara la nota.

Añaden que, al evadir la licitación pública y la competencia de oferentes, el Estado deja de percibir los máximos beneficios. El nuevo contrato estipula que el gobierno recibirá 10 veces los aportes anuales promedios alcanzados hasta la fecha. Algo que consideran como poco, tomando en cuenta que sólo el cobro de la evasión anual del impuesto sobre la Renta de personas jurídicas, le daría al país más de 100 veces lo recibido anualmente por la minera.

“El nuevo contrato sigue desconociendo la inmensa riqueza natural y cultural que se destruye en un área protegida clave para la conectividad de la biodiversidad de toda la región”, acotó el grupo ambientalista. Anexan que hasta la fecha se acumulan 295 accidentes ambientales en tres años dentro de esta área.

Declaran que esta negociación “desconoce la voluntad de los panameños, que rechazan la minería a cielo abierto y no quieren empeñar sus ríos y bosques”.

Otro elemento que menciona el comunicado, divulgado este 19 de enero, es la concesión de 10 000 hectáreas en los distritos de La Pintada, Omar Torrijos Herrera y Donoso, para desarrollar la minería metálica, que según dicen, no ha sido consulado con los lugareños. A demás de la prórroga “ilegal” de contratos de concesión minera, sobre los proyectos de Cerro Quema en Azuero, los cuales no han pasado por un estudio de impacto ambiental.

Piden a los diputados enfatizar el fallo de la CSJ y escrutar el contrato para definir si está o no “conforme a la regulación legal relacionada”, dado los riesgos que supone la minería y los derechos e intereses en juego.

Una recuperación económica sostenible

“El camino a la recuperación económica requiere ineludiblemente la recuperación ambiental”, sentencia el documento. Por lo que, exigen al gobierno honrar sus compromisos internacionales en torno a la biodiversidad y acción climática. Desarrollando proyectos económicos sostenibles y con una infraestructura pública baja en emisiones. Como, por ejemplo: el desarrollo agropecuario con soberanía y seguridad alimentaria, el turismo económico, las energías renovables y otros.

La nota cierra afirmando que Panamá posee una gran riqueza ambiental, que produce una gama de servicios y bienes ambientales de forma sostenible que benefician a millones, como la producción de agua segura, generación de energía eléctrica, purificación de aire, polinización, producción de leña, medicinas naturales, madera, alimentos y estabilidad climática. Las cuales deben ser protegidas constitucionalmente por el Estado y todos los habitantes del país.