Fuente: La Prensa

En varias zonas marinas y puertos del país se observa la presencia de restos de embarcaciones que sobresalen cuando la marea está baja, un problema que persiste en el tiempo y de cuya solución hay pocos avances.

Datos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dan cuenta de que el puerto de Vacamonte, en Panamá Oeste, y la bahía de Colón se han convertido en las áreas donde están los principales cementerios de embarcaciones del país, lo que representa un peligro no sólo para la navegación, sino para el medioambiente.

La AMP informó a este medio que, según los últimos registros, en el país hay actualmente unas 70 embarcaciones en estado de abandono, entre ellas, naves que son objeto o parte de un proceso judicial o se encuentran a órdenes de la Dirección de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Un informe de la AMP correspondiente a 2020 ubicaba en Vacamonte a 34 embarcaciones en estas condiciones y a otras 14 en Colón. Se trata de navíos de diferentes dimensiones y materiales de construcción, como fibra de vidrio, madera y acero.

¿Qué entidad es responsable de este asunto y qué está haciendo al respecto?

En estos casos, la AMP debe fiscalizar que los barcos abandonados no sean un peligro para la navegación y evitar que causen daños ecológicos.

En efecto, de acuerdo con la propia autoridad marítima, dentro de la Ley 266 de 2021 –que regula el cabotaje y las actividades de comercio interior en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá– se incluyó un capítulo específico relacionado con las “especies náufragas” (Capítulo VI).

Dicho apartado otorga a la AMP “respaldo legal” para proceder con aquellas embarcaciones que representen un riesgo a las actividades marítimas, la navegación, el medio ambiente marítimo o que estén obstruyendo el tráfico marítimo o pongan en peligro o riesgo la seguridad marítima.

“De igual forma, se establece que se creará un fondo de especies náufragas dirigido a sufragar los costos de custodia, mantenimiento, disposición, manejo de imprevistos, atención de emergencias, prevención de sucesos de contaminación que guarden relación con naves declaradas especies náufragas”, respondió la entidad a las consultas de este medio.

Agregó que las direcciones técnicas de la Autoridad Marítima de Panamá se encuentran trabajando de manera conjunta en la reglamentación de esta ley, para de esta manera proceder con los debidos procesos de licitaciones y adjudicaciones de estas embarcaciones en abandono.

Un precedente

Este año, la AMP llevó a cabo una contratación para la limpieza y desguace de dos embarcaciones encalladas, una en Colón y la otra en la bahía de Almirante, en Bocas del Toro.

En aquel momento, la entidad justificó la contratación argumentando que estas dos embarcaciones representan un riesgo a la navegación y al medioambiente debido a la presencia de hidrocarburos en su interior. A su vez, detalló que estos costos se cubrirán con el Fondo Especial de Contaminación por Hidrocarburos Provenientes de Fuentes Terrestres o Marítimas.

Una de las embarcaciones, identificada con el nombre de Alisa A, estaba encallada a orillas del mar cerca al hospital Almirante, en Bocas del Toro. “Se requiere de manera urgente el desguace de esta barcaza, toda vez que la misma no se puede reflotar debido a los años que tiene de permanecer en el sitio”, señaló la AMP en un informe sobre el contrato, que ascendía a $786 mil.

Incluso, el informe indicaba que en algunos de los compartimentos de la barcaza había remanentes de producto oleoso que podría contaminar.

La segunda embarcación, identificada con el nombre Arly Ken, estaba anclada, en estado de abandono, frente al muelle de las Industrias Marítimas Auxiliares en Bahía Limón, provincia de Colón.

Al igual que la nave Alisa A, la embarcación Arly Ken tiene en su interior producto oleoso, según una inspección realizada, por lo que de no realizarse el salvamento de la nave de manera inmediata podría provocar daños ambientales graves y peligro para la navegación.

La inquietud

Esta semana, autoridades del Ministerio de Ambiente se reunieron con representantes del Consejo Municipal de Colón para tratar el asunto.

Ambas partes coincidieron en que se requiere elaborar un protocolo para que la extracción de estos navíos se realice con el menor impacto ambiental posible y sin riesgos para quienes hagan la labor.

Diana Laguna, viceministra de Ambiente, subrayó que varios de los barcos hundidos están en áreas protegidas, lo cual también es un problema que les inquieta.

En palabras de Laguna, pese a que la entidad rectora en el tema es la Autoridad Marítima de Panamá, se realizan esfuerzos para establecer los lineamientos relacionados con el proceso de extracción de estos navíos que, dijo, actualmente afectan la actividad pesquera y turística; por ejemplo, en provincias como Colón.

Agregó que es necesario evaluar el tema, ya que muchos de estos barcos tienen combustibles, por lo que es importante cumplir con lineamientos para evitar la contaminación y cualquier accidente o situación de riesgo para las personas y la fauna marina.