Fuente: La Estrella de Panamá

Las denuncias contra los delitos hacia los recursos naturales y los animales domésticos se han registrado con más frecuencia en el Ministerio Público (MP).

Datos de la entidad señalan que hasta noviembre de 2022, se registraron ocho casos de delitos contra los recursos naturales, lo que representó un aumento en relación al mismo período de 2021, cuando se dieron cinco.

La misma situación sucedió con los delitos contra los animales domésticos, que pasaron de 13 denuncias en 2021 a 15 en 2022.

Según la fiscal superior especializada en delitos ambientales, Fátima Sánchez, esta tendencia se debe porque cada vez más la ciudadanía denuncia ambos delitos.

“Se siente más participación de la comunidad y los medios de comunicación con las denuncias o reportes que hacen en redes sociales”, comentó Sánchez.

La fiscal indicó que tal vez todos los casos no lleguen a la jurisdicción del MP, pero la persona puede ir al juez de paz u otras instancias. “Ya las personas no se quedan con la pregunta: qué hago. Además, nosotros tenemos el deber de orientarlos”, dijo.

En los últimos once meses del 2022 se reportaron 147 causas por delitos contra los recursos naturales, de las cuales 102 se relacionaron a actividad de destrucción, contaminación, degradación o extracción de recursos naturales.

Para los animales domésticos, las denuncias sumaron 166. Las zonas con más registros fueron Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Colón. La mayor prevalencia de los casos se dieron por animales de compañía, específicamente, los perros fallecidos por accidente de tránsito.

“Todos los delitos ya entraron al torrente penal, osea, para investigación”, indicó la fiscal.

Sanciones

Aunque el Código Penal de Panamá establece sanciones de tres a seis años de cárcel para los delitos contra la destrucción de los recursos naturales, la fiscal aclaró que solo se puede hablar de delitos si se infringe la norma de protección del ambiente, ya que muchas veces las personas pueden estar degradando un suelo, talando y contaminado, pero bajo los límites de un permiso legal.

“Los delitos siempre se deben amparar bajo una norma penal, es decir, que no solo con la actividad se tiene un delito. Por eso son importantes las investigaciones porque, de esta manera, se determinará si entran o no las sanciones del artículo 399, que habla de destrucción, extracción, degradación de recursos naturales”, sostuvo Sánchez.

Dependiendo del caso, el MP puede aumentar la pena si comprueba que la norma fue infringida en un área protegida o fuentes hidrográficas. Sólo será considerada al momento de ir a un juicio o cuando se está valorando un acuerdo de pena.

Respecto al tratamiento de los delitos contra los animales domésticos, la Ley 70 del 2012 ampara a todos los animales que dependen de la supervivencia humana. Pueden ser de granja (cerdo, gallo, pato, caballo, vaca) como domésticos (perro, gato, etc.).

Para la fauna silvestre como pericos y monos, la norma dice que las personas deben contar con un permiso legal, pero no entran como mascotas domésticas. “Si se adquiere de manera ilegal hay acusación de tenencia pero eso no es un delito sino un tema administrativo”, explicó la fiscal.

La norma establece condenas de dos a cuatro años si se comprueba la intención de causar un acto de crueldad, que haya generado la muerte y lesiones graves al animal. Una vez que llega a las instancias legales, el juez decidirá si corresponde dar o no un juicio oral porque muchas veces ambas partes llegan a un feliz término, pero con una imputación.

“Por lo general, los casos entran más por muerte o atropello. De igual manera tenemos que investigar si hubo intención o no, pero sí hemos tenido casos donde sí se logra imputar cargos”, comentó Sánchez, al tiempo que resaltó que hasta el momento se tienen registrados 30 imputaciones por delito contra los animales, incluso las condenas.

Muchos de los casos son archivados porque no son delitos y deben ser tramitados a un juez de paz, algún departamento administrativo o se declinan. De acuerdo con la fiscal. esto se debe a que no existen los elementos de convicción porque la persona que denuncia la muerte de un perro no tiene testigos o no se sabe quién es.