Fuente: La Prensa

La agenda internacional compuesta por metas específicas para el año 2030, conocida como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), continúa siendo un gran desafío para el país, que se mantiene estancado en algunos temas y retrocedió en otros.

Son al menos 160 los países que se han comprometido a cumplir con ciertos estándares para garantizar un óptimo y sostenible desarrollo humano entre sus poblaciones. En el caso de Panamá, el reporte más reciente sobre esta agenda global señala que el país retrocedió en los ODS número 4 y 15, relacionados con educación de calidad y el cuidado de los ecosistemas terrestres. En total son 17 ODS.

El reporte también apunta que hay un “estancamientos” en los ODS 10 y 13, que tienen que ver con reducción de las desigualdades y acción por el clima. No obstante, resalta que Panamá muestra avances importantes en los números 11 y 12 sobre ciudades y comunidades sostenibles, así como producción y consumo responsables.

El análisis

En 11 de los 17 ODS, Panamá está “mejorando moderadamente”, según el reporte. Entre esos están el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género y vida submarina.

Para la abogada ambiental e integrante de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, Susana Serracín, hay razones dentro de Panamá que evidencian el porqué se retrocedió en temas como la conservación de la vida en los ecosistemas terrestres.

En palabras de la activista, el cumplimiento de los desafíos contenidos en los ODS implica, entre otras cosas, un trabajo “coherente” entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil. “Se requiere además de una acción social firme de la mano de una voluntad política cónsona que derive en las transformaciones necesarias que nos coloquen en el rumbo correcto, en lo económico, social y ambiental”, puntualizó Serracín.

A su juicio, el impulso a “ultranza” de la actividad minera en Panamá no es más que el reflejo de una abierta contradicción entre las políticas de desarrollo contenidas en papel versus los severos daños que provoca a corto, mediano y largo plazo.

“De allí que no nos sorprende este retroceso, lamentablemente, era de esperarse”, apuntó.

Además, calificó como “urgente” que la población exija a los gobernantes coherencia, responsabilidad y sentido común en su accionar, así como un cambio radical en la forma de gestionar la economía y el verdadero valor del capital natural.

En lo que respecta al objetivo 4 sobre educación de calidad y el estancamiento del país, los especialistas en el tema no tienen duda que el cierre de casi dos años de los centros escolares guarda una relación estrecha con el mencionado escenario.

Panamá cerró sus escuelas en marzo de 2020, cuando arrancó la pandemia de la covid-19, y las volvió a abrir por completo en marzo de 2022, aunque en junio de 2021 se impartieron clases de forma semipresencial en algunos centros escolares.

En ese contexto, esta semana fue publicado el informe Dos años después: salvando a una generación, del Banco Mundial y la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el cual certificó que, junto a Venezuela y Honduras, Panamá fue de los países de América Latina y el Caribe que más tiempo mantuvo las escuelas cerradas.

Frente a esta realidad, Vadim Moreno, subdirector nacional de Gabinetes Psicoeducativos del Ministerio de Educación (Meduca), señaló que cualquier mejoría del sistema educativo luego de la pandemia debe pasar por colocar la recuperación educativa en lo más alto de la agenda pública, reintegrar a todos los niños y niñas que han abandonado la escuela y asegurar que permanezcan en ella, y también recuperar el aprendizaje de calidad en las aulas.

“Es una situación compleja a la que debemos hacer frente todos como Estado. Debemos recuperar esos aprendizajes perdidos y garantizar que los estudiantes se mantengan dentro del sistema”, manifestó el funcionario del Meduca.

Debate pendiente

Para especialistas en el tema ambiental como Serracín, el futuro de los ecosistemas terrestres del país dependerá de las decisiones que se tomen, por ejemplo, en temas como la minería.

En su momento, la posición del ministro de Ambiente, Milciades Concepción, fue que la actividad minera no está prohibida por ley y que si un estudio de impacto ambiental cumple con la normativa debe aprobarlo; por el contrario, si incumple, será rechazado.

El Ministerio de Ambiente rechazó recientemente el estudio de impacto ambiental para el último proyecto minero que se presentó ante esa entidad, el cual tenía que ver con la reapertura de la vieja mina Remance, en San Francisco, provincia de Veraguas.

Para Concepción, el problema con este tipo de proyectos está en la falta de un seguimiento ambiental eficiente y la falta de transparencia con la que se manejan estos seguimientos, lo cual aplica no solo en la minería, sino también en otras actividades, como la construcción y la agricultura.

Tal fue el caso de la mala experiencia ecológica con el proyecto minero Molejón, bajo la responsabilidad de Petaquilla Gold, en el que en 2016, el Estado, por medio del Ministerio de Ambiente, tuvo que destinar casi $3 millones para evitar que las tinas de relave abandonadas se desbordaran y contaminaran el área.