Fuente: La Prensa

El Parque Nacional Soberanía, situado entre las provincias de Panamá y Colón, se ha convertido en el epicentro de la deforestación ilegal de la valiosa especie Dalbergia retusa conocida como cocobolo.

Reportes tanto del Ministerio Público, como de la Policía Nacional y el Ministerio de Ambiente detallan que esta reserva ecológica de 19 mil 545 hectáreas está siendo amenazada de forma constante por redes criminales que se adentran en sus bosques tropicales húmedos, donde hay unas mil 300 especies de plantas y 525 especies de aves.

El pasado 2 de agosto el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Superior de Ambiente, inició una investigación por el delito contra los recursos naturales (tala de árboles de áreas protegidas) y contra la vida silvestre, tras el hallazgo de dos toneladas de madera de cocobolo en el Parque Soberanía.

“Esta madera se presume estaba destinada al tráfico y exportación ilegal al mercado internacional”, reportó la entidad en su momento.

Mientras que este martes, la Policía Ambiental informó que unas 18 tucas de madera procesada de la misma especie fueron halladas por la Sección de Inteligencia contra Delitos Ambientales en conjunto con agentes de la Policía Ambiental dentro de esta área protegida.

Elvin Ortiz, jefe de la Policía Ambiental, subrayó que este tipo de madera está protegida por las leyes nacionales e internacionales, debido a que se encuentra en peligro de extinción. De hecho, el cargamento decomisado fue trasladado al Ministerio de Ambiente para su custodia y trámites correspondientes.

Estos delitos ambientales cobran mayor notoriedad si se toma en cuenta que el Parque Soberanía forma parte del corredor biológico de áreas protegidas en la zona este del Canal de Panamá, que también incluye el Parque Metropolitano, el Parque Nacional Camino de Cruces y el Lago Gatún. Lo anterior significa que es una de las reservas ecológicas más importantes para la cuenca hídrica del Canal.

La propuesta

Según el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, están haciendo operativos con la Policía Nacional todas las semanas, por ello se capturan en flagrancia a estos grupos criminales. “Se involucra a la inteligencia de la Policía Ambiental y la Dirección de Investigación Judicial”, afirmó.

En palabras de Concepción, debido a la vigilancia en el área este del país (Chepo y Darién) los delincuentes ambientales están migrando hacia este lugar más al centro de la ciudad de Panamá y Panamá Oeste.

El ministro reconoció que no se trata de una tarea sencilla, ya que en el país hay unos 200 guardaparques para la custodia de al menos 100 áreas protegidas.

Ante eso explicó que reciben apoyo en los operativos del Servicio Nacional de Fronteras, la Policía y la Fiscalía Superior Ambiental.

Además analizan la creación de un “servicio nacional de protección ambiental”, tal como existe en otros países. Comentó que actualmente hay una comisión evaluando con el Ministerio de Seguridad la creación de este tipo de equipo.

“Los guardaparques no llevan armas y los delincuentes sí, por ello creemos que la solución es un servicio de protección ambiental, es decir, convertir a la Policía Ambiental en una institución de protección ambiental y aumentarle su pie de fuerza”, concluyó el ministro, quien agregó que de momento se “trabaja” en esta propuesta de seguridad para las áreas protegidas.

Tráfico internacional

En marzo pasado, el Ministerio de Ambiente y la Policía Nacional retuvieron en un puerto de la provincia de Colón un contenedor que tenía como destino final China, con 500 tucas de la citada especie de árbol, valoradas en no menos de $1 millón.

Las investigaciones arrojaron que la madera no cumplía con los requerimientos de exportación, por lo que se presume que fue extraída ilegalmente de las áreas protegidas cercanas: el Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Soberanía.

Organizaciones ecológicas como el Centro de Incidencia Ambiental y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo vienen solicitando una mejor custodia de las reservas ecológicas del país.