Fuente: Panamá América

El caso del desguazadero de barcos ubicado en el corregimiento de Cristóbal en Colón, cercano a una zona residencial y comercial, pasó a manos del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Esto ante la inacción del Ministerio de Ambiente y la propia Autoridad Marítima de Panamá ante las denuncias de incumplimiento a las normas ambientales, falta de estudio de impacto ambiental, contaminación y peligro para la salud humana de los colonenses.

El abogado especialista en Derecho Ambiental, Harley James Mitchell Morán, presentó ante el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, una nueva denuncia relativa al riesgo a la salud colectiva de la población por causa de un desguazadero de barcos, a su juicio ilegal, ejecutado por la empresa Jam Marine Dockyard S. A., representada legalmente por Alejandro Efraín Torres Villarreal.

La denuncia gira en torno a las irregularidades relacionadas con la existencia de un desguazadero en el área del Paseo Marino de Colón, a cargo de la empresa Jam Marine Dockyard. A., por los riesgos que supone tanto para el ambiente en diferentes sentidos y para quienes laboran en esta región.

Mitchell señaló que esta empresa funciona bajo la fachada de otro tipo de actividad, según permisos otorgados por la Autoridad Marítima de Panamá (reparación de barcos), en dicho lugar se lleva a cabo el desguace de buques, desarmado de tanques de combustible de estos y demás piezas con un gran riesgo para la salud de los trabajadores, población general y para el ambiente.

El jurista señaló al MINSA las siguientes irregularidades o hallazgos: tres buques sostenidos por amarres, sin ninguna instalación que los albergue, al aire libre y en franco proceso de deterioro, no como actividad de reciclaje, sino de disposición de chatarra al aire libre.

Sostuvo que estos buques, por motivo de su deterioro, ostentan rugosidades, superficies oxidadas, con herrumbres peligrosas para las personas, todo sin ningún tratamiento, por su exposición al aire libre.

La denuncia también reporta que la empresa está extrayendo tanques de los buques y procede a despedazarlos en el lugar con antorchas de acetileno, destilando químicos al aire en estado gaseoso y sólidos en suspensión.

Mitchell también dijo que han podido registrar la entrada y salida de trabajadores de los tanques así dispuestos y sin protección a la contaminación, lo que debería ser tomado en cuenta por el MINSA.

Mitchell también se hizo eco de la denuncia, de publicaciones dela Organización Internacional del Trabajo y la Organización Marítima Internacional que califican al desguace de barcos como una actividad de alto riesgo ambiental. «El desguace de buques es un proceso difícil debido a la complejidad estructural delos buques, y genera muchos riesgos medio ambientales y de seguridad y salud. Se lleva a cabo principalmente en el sector informal y rara vez es objeto de inspecciones o controles de seguridad.

Generalmente, los trabajadores carecen de equipos de protección personal y tienen escasa formación, en caso de tener alguna. Los controles de seguridad inadecuados, la deficiente supervisión de las operaciones de trabajo y el alto riesgo de explosiones crean situaciones de trabajo muy peligrosas. Los trabajadores tienen un acceso muy limitado a los servicios de salud y unas viviendas, instalaciones sanitarias y servicios sociales inadecuados, lo que exacerba aún más su difícil situación», dijo Mitchell citando publicaciones de la OMI.

La flota mundial de buques es de unas 90,000 embarcaciones, y la vida media de un buque es de 20-25 años. El número medio de grandes buques que se desguazan cada año oscila entre los 500 y los 700, pero si se tienen en cuenta los buques de todos los tamaños este número puede ascender hasta 3,000.

El 90% de los desguaces de buques que se realizan en el mundo tienen lugar en Bangladesh, China, India, Pakistán y Turquía. Ahora Panamá busca ser incluido en esta lista de mala reputación.

Además de tener un grave impacto sobre la salud de los trabajadores, el desguace de buques es una industria altamente contaminante. Grandes cantidades de sustancias cancerígenas y tóxicas (PCB, PVC, PAH, OTC, mercurio, plomo, isocianatos, ácido sulfúrico, etc.) no solo intoxican a los trabajadores, sino que también se vierten en el suelo y en las aguas costeras. Un buque de tamaño medio contiene hasta 7 toneladas de asbesto que a menudo se vende en las comunidades locales después del desguace, afirma la OIT.

A pesar de tener licencia nacional para ejercer la actividad, Jam Marine Dockyard, al momento de ejecutarla, no lo hace de acuerdo con las normas y, por el contrario, las realiza justo y como señala la citada publicación, se hace en los países tercermundistas, aseveró Mitchell.

Manifestó que si las autoridades permiten lo señalado, es contrario al artículo 109 de la Constitución de la República, que hace referencia a la garantía constitucional sobre el deber del Estado: «Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida esta como el completo bienestar físico, mental y social».