Fuente: La Estrella de Panamá

Antes de que Milciades Concepción asumiera como titular del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en 2019, se le acercaron personas con supuesto perfil de empresarios para ofrecerle medio millón de dólares a cambio de facilitarles los papeles para exportar madera de cocobolo (Dalbergia Retusa). Ese fue el primer indicio de lo que se iba a encontrar en la institución.

Asegura que no aceptó. “Sabía que, de acceder, como ocurrió en administraciones anteriores, iba a quedar secuestrado; mis principios y valores no me permiten hacerlo”, reconoció Concepción en una de las entrevistas que realizamos para la investigación. Por décadas –afirmó– la corrupción se ha enquistado en todos los niveles directivos de la entidad.

En el caso específico del cocobolo, la situación se hace evidente en la tramitología para trasladar y exportar la madera. El proceso empieza por solicitar las guías de movilización que expiden las sedes regionales para llevar la madera de un sitio a otro dentro del territorio nacional.

“Las alteran para solicitar varios permisos con sellos Cites” que necesitan para poder enviar el producto al exterior, describió el ministro. Estos timbres son emitidos por la Convención Internacional de Especies Amenazadas (Cites) a pedido de cada país, como una garantía de la sostenibilidad de la especie que se comercializa. En Panamá, la tala de cocobolo está prohibida, aunque la comercialización está regulada.

La trampa consiste en clonar las guías de transporte. Esto permite a los empresarios solicitar a la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad –encargada de custodiar los sellos Cites– varios timbres para los embarques de cocobolo. Las marcas forman parte de las normas internacionales para la exportación de madera.

En 2014 MiAmbiente hizo un inventario del cocobolo en los patios de las empresas, pero estas cifras parecen estar en papel, no corroboradas físicamente por los funcionarios de la dirección forestal de la entidad. Esto da pie a mezclar los saldos con madera recién talada proveniente de los parques Soberanía, Camino de Cruces o Chagres. Todos protegidos por ley.

El centro de la corrupción ha sido detectado en las sedes regionales que deben verificar las guías y la cantidad de madera a transportar con la sede principal, “pero se saltaban ese paso”, admitió Concepción en una conversación sostenida en su despacho.

De esta forma, los exportadores logran consolidar embarques en los puertos con los sellos Cites solicitados previamente –o adquiridos en el mercado negro– sin que haya un control tanto en la cantidad de marcas usadas por la empresa como en la madera que sale del país. En estas irregularidades se ha detectado que directores que no pertenecen a la dirección forestal firman las inspecciones.

Todo ello es parte de un menú de indicios de presuntos delitos continuados de tráfico de cocobolo de origen panameño, desde 2002, al principal país de demanda: China.

El desastre en la gestión administrativa se ha presentado desde hace décadas debido a la corrupción. Por más de 28 años la Fiscalía Superior de Ambiente, creada por ley en 1998, no fue activada por ningún procurador alegando falta de presupuesto. A principios de 2021 el procurador interino, Javier Caraballo, le dio vida y designó a la fiscal Fátima Sánchez. Hasta ese momento los delitos ambientales eran investigados por otras fiscalías. La falta de una autoridad de investigación a nivel superior y una fuerza de inteligencia que persiga los actos criminales, hizo que proliferara la corrupción.

En administraciones anteriores, señaló Concepción en un acto público, “se recibían llamadas (del Ejecutivo) para permitir tirar tantos cocobolos”, para beneficiar a allegados al poder.

Desaparece una libreta

Dos años y tres meses después de asumir el cargo, específicamente en octubre de 2021, el ministro Concepción se enteró de la falta de una libreta de 500 sellos Cites que había pagado la entidad a Ginebra, Suiza. No lo supo por el personal del departamento que debe custodiar los timbres. En el ministerio los funcionarios no se habían percatado del faltante.

Concepción se informó a raíz de una alerta de China cuando recibió un embarque de productos de tiburón y se comunicaron con la dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad para verificar la legalidad del permiso. Lo curioso es que no fue el diminuto papel de dos centímetros lo que llamó la atención de los asiáticos, sino la firma que lo avalaba. Les pareció extraña.

En Panamá, las autoridades procedieron a verificar la numeración seriada de la estampilla, que hasta ese día desconocían. Al no hallar un timbre que coincidiera con la serie, MiAmbiente consultó a la oficina que provee los timbres: la sede de Cites en Ginebra.

En ese momento se enteraron de que esa serie de estampillas –la libreta con los 500 timbres– se había entregado a la institución en 2017.

Transcurrieron cuatro años hasta que las autoridades panameñas se dieran cuenta del uso de estas estampillas, de la falsificación de las firmas y la omisión de los controles para traficar cocobolo, entre otras especies.

Este no es cualquier timbre. Es un sello obligatorio que debe ir en la guía de exportación para la comercialización de especies amenazadas, incluidas por Panamá en el Apéndice II de Cites, como el cocobolo.

Sin ese papel el embarque no puede salir del puerto o ingresar al país de destino.

Para adquirir la libreta sin disparar alarmas, la Autoridad Administrativa de Cites en Panamá –bajo la dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad– debió hacer el pedido por correo electrónico o mediante nota dirigida a la Secretaría de Cites en Ginebra. Pagar la cantidad de estampillas solicitadas con dinero de la institución y recibirlas por mensajería internacional, con firma de conforme.

El detalle, de acuerdo con la viceministra de MiAmbiente, Diana Laguna, es que “la libreta jamás entró al ministerio”. No se sabe dónde quedó, quién se benefició o cuánta mercancía de contrabando pasó con sellos legales.

La sospecha es que cayó en manos de las estructuras criminales dedicadas al tráfico de cocobolo a China u otros países, sin que las autoridades dudaran de su legalidad, de la autenticidad de la firma o que se emplearan con la complicidad de los funcionarios de turno que deben ejercer los controles. Hasta que se dio la alerta.

“Cada sello se vendía en el mercado negro a $20 mil”, aseguró una fuente vinculada al negocio que solicitó reserva de su identidad. Solo es necesario un sello por embarque. ¿Cuánto pudieron pasar? No se sabe. ¿Cuánto han descubierto las autoridades? Casos muy puntuales.

Faltan más

No eran los únicos timbres que hacían falta. En las libretas que reposan en la dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad también detectaron vacíos en la secuencia de la numeración de los sellos. “Se llevaba un registro en una hoja, pero ciertas numeraciones seriadas se saltaban, estaban en blanco”, añade una fuente ligada al ministerio. De esto también informó el ministro Concepción a Cites en una nota a mediados de 2020.

En esa comunicación, el titular de la entidad reportó la pérdida de 79 estampillas. En respuesta, Cites recordó que las series notificadas por Panamá pertenecían a un envío de 2017. Mientras que otras estampillas empleadas para falsificar cinco permisos adicionales correspondían a un lote remitido a Panamá en septiembre de 2002. Esto “podría ser un indicio de posible funcionamiento irregular continuado desde hace varios años”, le advirtió su compatriota y primera mujer latinoamericana en ocupar el cargo de secretaria general de la sede de Cites en Ginebra, Ivone Higuero, en la respuesta fechada el 19 de agosto de 2020.

En diciembre de 2021 el ministro Concepción interpuso tres denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta complicidad de directivos o supervisores y por la omisión en los controles del sello Cites, que actualmente se encuentran bajo reserva del sumario.

No obstante, la investigación sobre la pérdida de la libreta no ha dado resultados, pese a que la Fiscalía Anticorrupción cuenta con nombres y apellidos de los posibles responsables. Desde el Ministerio Público nos informaron que el caso “se encuentra en investigación”. Sin embargo, extraoficialmente conocimos que la fiscalía no logró recabar las evidencias, “los datos fueron muy difusos” reveló una fuente ligada a la pesquisa. “Se archivó”, aseguró esta persona ligada al Ministerio Público.

En el pasado –explicó la fuente– “las libretas eran administradas por autoridades de alto rango”. Cuando se detectó el faltante, añadió, “el funcionario encargado de custodiar los sellos renunció y no se logró compilar la evidencia porque el policía que estaba a cargo de la investigación también estaba coludido”.

Funcionarios que laboraron en MiAmbiente para la época dijeron enterarse por esta periodista sobre la falta de los sellos. “De haberse dado se tenía que poner la denuncia penal”. “Me estoy enterando de que se perdió la libreta”, aseguraron Félix Wing (2014-2017) y Yamil Sánchez (2017-2019), secretario general y viceministro encargado, respectivamente .

El cocobolo es una madera muy cotizada por sus características naturales. La demanda de este producto en China propicia el tráfico. Se emplea en la fabricación de instrumentos musicales, paneles de yates, de autos lujosos y muebles de gran valor que pueden alcanzar miles de dólares por su color, tallado y excentricidad.

Mercancía confiscada

El embarque de tiburón que llegó a China no fue el único.

“Se conoce de más de 10 contenedores de cocobolo que se han confiscado en los puertos de Shanghai, Hong Kong, China, desde 2019”, aseguró la fiscal superior de Ambiente, Fátima Sánchez.

Se trata de madera con certificados presuntamente no emitidos por las autoridades panameñas.

También hubo una alerta a finales de 2021 de un contenedor de esa madera procedente de Panamá con permiso Cites legal, pero sin la firma de las autoridades en el puerto de embarque.

En el año en el que se solicitaron los timbres (2017) hubo un cambio en la administración de la entidad por razones políticas distintas al hecho, y con la entrada del nuevo ministro Emilio Sempris también renovaron a los cargos directivos.

Inventario en papel

El tráfico ilegal de cocobolo ocurre en el istmo de forma continuada hace más de una década. Las autoridades panameñas tienen registro de cinco organizaciones criminales internacionales –que operan en el país– que se valen de todo tipo de recursos para traficar madera.

La estructura es muy similar a la forma en que opera el narcotráfico.

En Panamá no se conoce un plantío legal de cocobolo. Toda la madera la sacan de los bosques primarios protegidos por ley, que forman parte de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, a pocos minutos de la capital.

Este medio solicitó a las autoridades de MiAmbiente el inventario de madera que posee cada empresa, los sellos Cites emitidos y la cantidad de guías de exportación otorgadas, para analizar si cuadraban los números. Las respuestas mostraron inconsistencias en las cifras, suficientes para dudar del control y la verificación que debe hacer la institución, tanto del inventario físico, como en la emisión de sellos que emite la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad para la exportación.

En 2014 MiAmbiente prohibió la tala de cocobolo y procedió a regular el comercio. Para ello efectuó un inventario de todo el cocobolo que quedaba en los patios de las empresas exportadoras e impuso nuevos controles en las guías de movilización y de exportación.

En ese momento, según datos proporcionados por el director Forestal de MiAmbiente, Víctor Cadavid, se contaron 5 mil metros cúbicos de cocobolo en posesión de 17 compañías dedicadas al negocio. De esa cantidad –afirmó– quedaba un saldo de 1.967 metros cúbicos (2015 – a octubre de 2022).

La mayor parte de las compañías, según el desglose proporcionado, tiene menos de 200 metros cúbicos. Solo una posee 658 metros cúbicos. Esto es en papel.

MiAmbiente también indicó que en un año (5 de abril de 2021- 5 abril de 2022) se emitieron 123 permisos Cites para exportar un volumen de 2.516 metros cúbicos. Lo que indicaría que, en ese reciente periodo, el inventario total que contó la institución en 2014 tuvo que haber bajado a la mitad.

Por otro lado, las autoridades enviaron un informe en el que se detalla la cantidad de guías de exportación emitidas desde 2014 a 2022. Se totalizan 188 (ver tabla). Lo que contrasta con las 123 mencionadas anteriormente que no se reflejan en la tabla desglosada.

Según el cuadro que detalla año y cantidad de guías de exportación, en 2014 se expidieron 55 documentos, sin mencionar la cantidad de metros cúbicos que esto representa del inventario inicial. A cada guía debe adjuntarse un sello Cites para cumplir con las regulaciones.

Además, se especifica que en 2021 y 2022 se entregaron 21 y 26 guías, respectivamente, lo que hace un total de 47 guías, cuando ya se había mencionado la emisión de 123 permisos Cites.

Esto evidencia un desorden, tanto en la emisión de permisos Cites como en la cantidad de madera antes de 2014 y la que se exporta, que es recién talada y disfrazada con inventarios anteriores.

Todos los días el equipo multidisciplinario especializado ambiental, creado en 2019 para evitar la tala de los bosques protegidos, es testigo de la extracción ilegal de madera cocobolo de esta zona. En dos años han decomisado más de 3 mil piezas.

Entre el personal que conforma el equipo policial y de inteligencia se percibe una impotencia y frustración ante la corrupción enraizada en la institución, cada vez que descubren irregularidades en la expedición de guías de transporte, de exportación y de sellos Cites.

El equipo encargado de verificar los patios de las empresas lo forman técnicos de la dirección regional pertinente, un funcionario de la Dirección Forestal y otro de Áreas Protegidas y Biodiversidad. “No se hace desde el escritorio”, aseguró Cadavid durante nuestra entrevista. En ese momento añadió que sus técnicos tienen la capacidad de verificar una madera recién talada de otra que forma parte del inventario.

Sin embargo, esa no es la respuesta que recibe la fiscal Sánchez de los funcionarios cuando busca dirimir el origen de la madera: “Voltean para otro lado”, se quejó frustrada e impotente.

MiAmbiente proporcionó los saldos de cada empresa exportadora, de las que se obvian los nombres por la reserva del sumario.

El denominador común de las sociedades inscritas hace más de una década es que poseen un inventario menor a 50 metros cúbicos.

La que cuenta con mayor lote de madera (600 metros cúbicos) fue constituida en 2020 –posterior al inventario efectuado por MiAmbiente en 2014– y comparte directivos con otra compañía registrada el mismo año que aún mantiene más de 200 metros cúbicos por exportar.

De otras dos empresas, con presuntos vínculos en Asia, cuyos inventarios suman más de 300 metros cúbicos, una no fue posible ubicarla en el registro de Open Corporates o en el Registro Público de Panamá, bajo el título descrito por la entidad.