Fuente: La Prensa

En su carta semanal, el gremio empresarial destacó la importancia que se respete lo acordado en la mesa de negociación en las siguientes instancias hasta que se concrete la aprobación del Contrato Ley en la Asamblea Nacional.

“Queda, como punto pendiente por parte del Gobierno Nacional, establecer de cara a la ciudadanía el uso que se le dará a los fondos que se recibirán anualmente, los cuales de ninguna manera deben destinarse a fines politiqueros sino a áreas de desarrollo estratégico del país con el fin de ser invertidos a largo plazo”, se plasma en el documento.

El contrato con la minera contempla regalías sobre las ganancias brutas entre un 12% y 16% y el Gobierno espera recibir más de 400 millones de dólares basado en las proyecciones de la libra de cobre para los próximos años.

Al mismo tiempo, la Cciap advirtió que también queda pendiente por parte del Estado panameño una revisión a la política minera, la que debe estar dirigida a una estrategia económica nacional sostenible.

Así mismo se plantea que es crucial fortalecer las instituciones encargadas de fiscalizar esta actividad con equipos técnicos y no políticos. Además, de actualizar el marco jurídico que debe monitorear y regular el cumplimiento de los compromisos alcanzados.

“No obstante, los dos puntos anteriores, hoy cabe reconocer el ejercicio realizado en el caso de la mina, el cual contrasta con el manejo oscuro y desleal dado en el caso de otro sector clave, el portuario. Las negociaciones y la decisión de extender el contrato de los Puertos de Balboa y Cristóbal se dieron en medio de la opacidad, el Gobierno Nacional optó por el silencio y a la fecha la Cciap no recibe respuesta a sendas cartas enviadas al Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Y nada hay que indique que se han defendido o se van a defender los intereses del país”.